A la uruguaya, sin cambios drásticos. Así trabajó el Senado el proyecto de Ley de Urgencia en el capítulo sobre Ancap. 

Quedó de lado la propuesta original que desmonopolizaba la importación, exportación y refinación de petróleo y derivados, porque no hubo acuerdo en la interna de la Coalición oficialista. Cabildo Abierto puso reparos: su líder -Guido Manini Ríos- manifestó que se corría el riesgo de sustituir -en los hechos- un monopolio público por uno privado (presunción discutible). El grupo colorado Ciudadanos tampoco apoyaba la propuesta original y promovió una alternativa que logró unanimidad, al sumar el apoyo del Frente Amplio.

El texto acordado en comisión en el Senado (que seguramente será ley), indica que será el Poder Ejecutivo el que aprobará los precios de venta de los combustibles producidos por Ancap, previos informes de la Ursea y la propia Ancap. Ursea deberá explicitar el precio de paridad de importación, y el Ejecutivo actualizará los precios de venta (máximos, como hoy), cada 60 días, pero el nuevo articulado no obliga a ANCAP a vender a ese precio.

El nuevo acuerdo también encomienda al Poder Ejecutivo a presentar a la Asamblea General una revisión legal y reglamentaria del mercado de combustibles (supongo, un proyecto de ley), en base a una serie de 6 estudios. La iniciativa es tan interesante como vulnerable de quedar en intenciones. Esperemos que no, y que efectivamente se avance en una mejora en la productividad y la eficiencia de ANCAP y de toda la economía.

Los asuntos pendientes son muchos y ANCAP está procesando cambios para mejorar su situación, que es insostenible en varios capítulos. Después de la crisis que se generó en la administración Sendic, y la consecuente millonaria capitalización, se lograron mejorar parcialmente los números, pero siempre contando -pesos más pesos menos- con la posibilidad de trasladar costos al consumidor (monopolio mediante). Se precisa mucho más.

La empresa ha hecho algunos deberes y su participación en el precio final de los combustibles se ha reducido, de forma que está cobrando menos pesos por litro que antes. Esto responde a un genuino esfuerzo para mejorar la eficiencia, aunque seguramente insuficiente. Pero los precios al público, en el mejor de los casos, se mantuvieron (gasoil) o aumentaron (nafta).

El hecho ilustra que en las variaciones del precio final hay muchos otros factores que inciden, además de la propia ANCAP y su eficiencia/ineficiencia. Lo de los impuestos es sabido y en la región (Argentina, Brasil) la situación es similar, con cargas impositivas en los combustibles que no bajan del 40%.

El tema distribución es más complejo, porque allí ANCAP tiene responsabilidad de buena parte de su regulación, habilitando las nuevas estaciones de servicios y pautando los márgenes de distribución (ganancia bruta del estacionero y el distribuidor). No hay duda de que allí es posible mejorar la eficiencia. De hecho, las estaciones son un sector dinámico, con empresas prósperas que conviven con otras que tienen más problemas; tienen servicios asociados que van más allá de los combustibles. Y al respecto de éstos, hay que destacar que en algunos casos se venden los combustibles a precios menores a los máximos; es el caso de las ventas a grandes empresas forestales y agrícolas, que compran el gasoil varios pesos por abajo del precio corriente.

PARADOJA

ANCAP vende un combustible reconocidamente caro, lo que complica especialmente al agro, que tiene en el combustible un costo clave, directamente en el campo y por los fletes. Se estima que de un consumo global de gasoil en Uruguay de casi 900.000 m3, casi 40% responde a los agronegocios (incluyendo fletes). El hecho de que el gasoil haya quedado estable en su precio -mientras el de la nafta sube- atenúa el problema, pero no lo soluciona.

El combustible en Uruguay es caro por diversas razones, y entre ellas hay una que es paradójica: el combustible incorpora un alto porcentaje de biocombustibles, algo que se definió políticamente hace ya casi quince años precisamente para promover al agro y la producción nacional.

El objetivo inicial quedó por el camino: hoy la que produce los biocombustibles monopólicamente es ANCAP a través de ALUR, que tiene tres grandes procesos: la producción de biodiesel en Montevideo (a través de un contrato con Cousa), la producción de etanol en la nueva planta de Paysandú y la producción de etanol en Bella Unión, la más ineficiente y que arroja grandes pérdidas. Para ilustrar, vale compartir los precios comparativos de los biocombustibles que divulgó la propia ANCAP (cuadro). Este sobre-costo por biocombustibles está dentro del renglón ‘ANCAP’ en los cuadros adjuntos que ilustran la composición del precio al público.

Desde ANCAP se plantea además que el de los biocombustibles es un problema al comparar con la Paridad de Importación, pues según la actual metodología de Ursea ésta incorpora como precios de importación el biodiesel argentino y el etanol de Brasil, los más competitivos del mundo. En cambio, ANCAP está obligada a mezclar con producción nacional. En el nuevo articulado de la LUC se incluyó analizar este asunto.

Como se verá, problemas hay varios y el de ALUR en Bella Unión es seguramente el más urgente (Paysandú es una planta más moderna y procesa cereales, lo que permite fabricar derivados para alimentación animal). Se está pagando un biocombustible carísimo con el argumento de sostener socialmente a pequeños productores (muchos de ellos colonos), pero ese precio inflado lo captan también los grandes productores de caña. Un disparate. Para completar el enredo, en ALUR Bella Unión tiene participación la venezolana Pdvesa, que tiene voz y voto en las decisiones. Con tanto entrevero de intereses cruzados y problemas ¿no será mejor desmonopolizar?